QUIEN CONTAMINA...¿PAGA?

Me gustaría dejar constancia de unos breves apuntes que he recogido relativos a este famoso concepto que nos han ido introduciendo gobiernos, administraciones, medios de comunicación y demás poderes, y que creo que debiera ser objeto, cuanto menos, de cierta controversia.


El concepto de “Quien Contamina, Paga” fue adoptado desde 1972 por los países que integraban la OCDE con el fin de evitar que las diferencias entre los países con legislación ambiental tuvieran ventajas comerciales por menores costos de producción cuando intervinieran en países en donde no se tenía que pagar por contaminar. 
En 2004, la U.E. creó la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, modificada últimamente, por el Reglamento (UE) 2019/1010. El objetivo claro de esta directiva y reglamento es establecer normas que se basan en el principio de “quien contamina, paga”, estableciendo claramente que la empresa debe pagar por las acciones preventivas y reparadoras, causantes de este tipo de daños ambientales.
Esta teoría de buenas intenciones, como siempre, se da de bruces con la más cruda realidad, cuando se mezclan instituciones, políticos, empresas, e incluso los propios ciudadanos, en nuestra actividad diaria.
Los hechos ciertos y probados, es que las consecuencias de no retorno aparente y los responsables de los distintos daños ambientales, como son, por ejemplo, los vertidos agroindustriales, la producción y fabricación de metales, las industrias químicas, energéticas y agroalimentarias, el urbanismo depredador o incluso la gestión de residuos, son tratados en profundidad por los distintos agentes implicados en las distintas instituciones, sin que dichos agentes, apoltronados en su mayoría, muevan un dedo para resolverlos de inmediato, cambiando el concepto que encabeza este post, por el principio de que los beneficios son de unos pocos, y los impactos y las pérdidas son de la mayoría. 
Declaraciones políticas, tan bochornosas y de otros tiempos, achacando a episodios de contaminación y mortandad de peces, a lluvias torrenciales, por ejemplo, no ayudan a resolver este problema, creando desinformación y confundiendo a la opinión pública en general.

Ejemplos de desastres medioambientales y sus consecuencias, desgraciadamente, hay mil, y enumerarlos, es fácil si uno se toma un poco de tiempo y busca en las hemerotecas digitales. Así por ejemplo cuando en el año 2002 el buque Prestige vertió en el Cantábrico más de 60.000 Tn de hidrocarburos, que mancharon las costas de Galicia, Francia y Portugal, el Tribunal Supremo reconoció que España tenía derecho a una indemnización de más de 1500 millones de euros (aunque la Fiscalía reconoció que las pérdidas por la catástrofe superarían los 4300 millones de euro). A día de hoy, los Fondos Internacionales de Indemnización por Contaminación de Hidrocarburos han pagado 142 millones al estado, mientras que la aseguradora del buque, tan solo depositó en su momento 22,7 millones ante la Audiencia Nacional.
O el desastre del vertido de tóxicos y radioactvos en el Embalse de Flix (Tarragona) en el año 1998, donde la Empresa Ercros fue declarada responsable civil subsidiaria del vertido, la cual pagó a Acuamed 11,3 millones de euros como indemnización (5% del coste total) El Pais, 14/06/2021.

Curiosa es, también, la campaña de comunicación que Greenpeace ha lanzado donde se explica de forma pormenorizada la deficiente gestión llevada a cabo por Ecoembes, empresa que se encarga de la gestión de los residuos domésticos depositados en los contenedores amarillo y azul.
Greenpeace se pregunta, que si se recicla más de un 75% de los envases de plástico (según datos ofrecidos por Ecoembes), ¿cómo es posible que nos encontremos tal cantidad de residuos plásticos por todo el territorio, incluido el mar?.

En teoría Ecoembes es una empresa privada, sin ánimo de lucro, formada por empresas tan importantes como Coca Cola, L’Oreal, Henkel, Campofrio, Nestlé, Mercadona, Tetra Pack, Alcampo…(curiosa la cantidad de productos envasados en plástico que ofrecen estas empresas, ¿no?). 
¿Cómo funciona la gestión y recolección de envases por parte de Ecoembes? Ecoembes cobra a cada empresa que opere en el mercado, una tasa por envase, sin que la administración intervenga en cómputo de la tasa. Es decir, son las propias empresas las que cuantifican cuanto vale reciclar sus propios envases. La recogida de estos envases, es realizada por Ecoembes y transportada a plantas recicladoras donde se da un tratamiento a estos envases, de manera que las empresas que compran (a Ecoembes) el plástico reciclado en estas plantas, escogen solamente aquél tipo de plástico que tiene valor para sus actividades, desechando el resto de plástico que no tiene valor, a vertederos, quemas o transportándolo a países con bajos niveles de desarrollo.
Así, Ecoembes, paga a los ayuntamientos la recogida y gestión de estos contenedores, olvidándose completamente de todos los demás envases que se depositan en otros contenedores o en el suelo o campo, que son la gran mayoría, lo cual supone un gasto añadido para los ayuntamientos, dinero que Ecoembes no paga, según el informe de Greenpeace.




Relevante es, también, un estudio publicado por el banco Bankinter sobre los impuestos ambientales, basados en el concepto de “quien contamina paga”. En dicho estudio se informa de que el pago de este tipo de impuestos no está vinculado a ningún beneficio específico de quien paga, gravan entre otras cosas: las emisiones de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno de los vehículos, emisiones de dióxido de azufre de la combustión del carbón y petróleo, emisión de sustancias que reducen la capa de ozono, recogida y tratamiento de residuos contaminantes del agua, gestión de residuos, transporte, captación de agua y extracción de materias primas. 
Pues bien, según datos del INE, extraídos por el propio banco, se comprueba que la recaudación de estos impuestos ha ido aumentando casi un 30% desde el año 2008 (más de 22.000 millones de € en el año 2019), y sigue en progresión, recayendo todo el peso de los impuestos ambientales sobre las familias (así por ejemplo, los impuestos ambientales han recaudado, en el año 2019 11.800 € provenientes de los hogares, mientras que el transporte ha contribuido con 3.413 millones de € o la industria manufacturera ha contribuido con 2.167 €, según datos del propio INE).

Después de esta pequeña exposición de datos, (os invito a indagar en el tema si estáis interesados, buceando en las páginas que os dejo más abajo), se me ocurre que poco o nada podemos hacer, individualmente, para revertir este tipo de situaciones, al menos que tomemos conciencia de la problemática, e intentar aportar nuestro grano de arena para intentar limitar al máximo nuestro impacto (en algún artículo científico he leído algo sobre que la 6ª gran extinción del planeta será la provocada por los humanos). 



Sin embargo, parece que existen propuestas que ya son utilizadas por países con un desarrollo humano (y económico mejor gestionado) mayor al nuestro. 
En la actualidad se están planteando dos tipos de Sistemas, ambos enfrentados, por el eterno dilema privado/público. 
El primero de los sistemas es el denominado Sistema de Devolución y Retorno, que ya se aplican en países como Alemania, por ejemplo, en el cual grandes empresas del reciclaje serían las grandes beneficiadas del cambio de sistema, en cambio no seria aplicable para la totalidad de los residuos, involucrando a los pequeños comercios a hacer recogidas selectivas, y sería financiado por los consumidores, que pagarían dos sobreprecios, aunque uno lo recuperarían al devolver el envase. 
El segundo de los sistemas es el denominado Sistema Público de Gestión de Residuos, el cual abarcaría el 100% de los residuos, sería gestionado por el Estado y financiado por las empresas que pasarían a pagar tasas por el coste real de la recogida y tratamiento de residuos, tendría obligación para todo el mundo de separar residuos, y así la recogida sería más efectiva (en teoría), y basan su fundamento en que ninguna empresa sacaría tajada, sólo el medio ambiente.

Pero mientras esto queda en el limbo legislativo, ¿qué podemos hacer, individualmente, para no saturar el sistema ambiental?

Soluciones o compromisos cómo rechazar productos de usar y tirar, compras a granel o envases de vidrio o metal, no consumir agua embotellada usando filtros, evitar cartones o envases brick, y sobre todo, reducir el consumo de aquellos materiales que no vayamos a usar. Recordad que el mejor residuo es el que no se genera y que nosotros somos parte de la solución.

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